O ÚLTIMO DIAGNÓSTICO 

Unión Libre (Cadernos de vida e culturas Núm. 2 1997)
Unión Libre (Cadernos de vida e culturas Núm. 2 1997)

La Ley de Responsabilidades Políticas, un arma más de represión durante el franquismo.

Unos días antes de finalizar la Guerra Civil, 9 de febrero de 1939, se dictó una ley, Ley de Responsabilidades Políticas, para preparar la gran represión ejercida en la posguerra contra "quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja". Los Tribunales, de distintos niveles, encargados de imponer las sanciones se instalaron en toda la geografía española, y estaban compuestos por representantes del Ejército, de la Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. Las penas consistían en inhabilitación absoluta, o especial en los cargos que tuviese, destierro y sanciones económicas que iban desde la pérdida total de los bienes, incautación de bienes, pago de multas, etc.

En definitiva, para condenar a la pobreza a través del control económico de las personas que defendieron la Segunda República Española, por tanto, establecer una diferencia más entre los vencidos y los vencedores. "Era un proceso para sacar dinero, para obtener un botín de guerra por otro lado siempre se ha dicho que era una herramienta de marginación económica era una forma de establecer una vez más la diferencia entre vencedores y vencidos", arguye Melanie Ibañéz, Licenciada en Historia, Máster Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia e investigadora de condiciones de vida a partir del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Valencia con la profesora Ana Aguado de la Universidad de Historia de Valencia, para adentrarnos más en aquellos sistemas represorios que se utilizaron durante los años del terror de la dictadura franquista. Ibáñez se ha centrado en esa diferenciación de género que establece la Ley de Responsabilidades Políticas con el fin de ahondar en los modos de vida y cómo era la salida de estas mujeres de la cárcel. Cabe señalar, que este estudio, y como indica la misma investigadora se ve interrumpido aquí en Valencia ante la falta de ayuda por parte de la Generalitat y la dificultad de encontrar los documentos. "Me faltan unas 200 mujeres, no se sabe dónde está su expediente. Falta muchísima documentación.", aclara Ibáñez.

El primer gobierno de la dictadura franquista dictó la Ley de Responsabilidades Políticas, LRP, según este primer dictó esta ley ante la necesidad de ir «reconociendo la necesidad de reconstrucción espiritual y material de la patria» con el fin de «liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron a forjar la subversión». A través de esta ley se enumeraban las «responsabilidades políticas» contra quienes hubieran colaborado con la Segunda República Española desde el 18 de julio de 1936; también se extiende la responsabilidad al periodo que comprende desde la Revolución de Asturias de 1934, sancionando a quienes la habían favorecido. Cabe indicar que las responsabilidades políticas no se circunscribían tan a quienes hubieran participado en luchas armadas, sino que los castigos se extendían a cualquier individuo que hubiera prestado su apoyo al bando republicano, incluso sin participar en hechos de armas. 

De ahí, los numerosos casos de mujeres juzgadas en estos esto tribunales bajo la aplicación de la LRP. "Las que están en el Archivo del Reino son mujeres corrientes es decir que fueron represaliadas por los maridos, los hermanos, por participar en una manifestación, pero las activistas políticas aún no han aparecido. A través de estas sentencias te acercas a la vida cotidiana de estas mujeres lo primero que te aparece es una sentencia de un consejo de guerra, a partir de ahí ya puedes ver como se reprimía a las mujeres, el porqué, o cómo eran los años de cárcel. El juez pedía informes económicos, donde aparecía un impreso que indicaba que la persona no tenía delitos anteriores y otro emitido por falange, el párroco, para documentar que no se le podía sacar nada a estas personas porque hablaban de su situación económica. Así se indicaba: viven modestamente, trabajan a cambio de comida, se conforman con recibir ropa usada de la portería. A través de estas sentencias te acercas bastante a cómo era la situación económica de estas personas y, a partir de ahí tienes que contar que acababan de salir de la cárcel, que estaban en libertad vigilada, lo difícil que era conseguir un trabajo y, aparte las visitas que tenían que hacer a responsabilidades políticas. A la información que te dan estos informes, sobre pones sus formas de vida y te das cuenta de que era una realidad muy asfixiante".

La Ley de Responsabilidades Políticas serviría para culpabilizar al bando republicano de haber desencadenado la Guerra Civil al oponerse al Alzamiento del 18 de julio. He aquí, el objetivo principal era criminalizar a todas aquellas personas que hubieran formado parte del Frente Popular, desde los dirigentes a los militantes de base, o si hubiesen simpatizado con él, para así reparar los daños morales y materiales provocados por su comportamiento político. La ley consideraba dos períodos subversivos. El primero transcurre desde el 1 de octubre de 1934 cuando se crea o agrava la subversión. El segundo desde el 18 de julio de 1936 al oponerse al Movimiento Nacional con actos concretos o pasividad grave.

El primer periodo aseguraba la represión política contra todos los partidos del Frente Popular que apoyaron la Revolución de Asturias de 1934, lo cual suponía establecer castigos y penas para todos los militantes y simpatizantes de la izquierda española desde el 1 de octubre de 1934. El segundo periodo extendía la culpabilizaba a todos los españoles que hubieran servido a la República de alguna manera durante la guerra civil, sin distinción de jerarquías. La retroactividad de las penas era un elemento característico de esta norma, que terminaba criminalizando así, en la práctica, a casi todos los simpatizantes del bando republicano que no pudieron huir al exilio.

La Ley de Responsabilidades Políticas establecía sanciones y penas de modo paralelo a las leyes penales españolas y permitía así imponer diversas condenas contra los republicanos vencidos: desde la pena de muerte hasta larguísimas penas de prisión y trabajos forzados (entre diez a treinta años), con inhabilitaciones y prohibiciones civiles inclusive para quienes cumplieran la totalidad de sus condenas. Además, en estos expedientes, especialmente en los consejos de guerra, se utiliza un vocabulario muy duro para la época, "hay expresiones como que dicha mujer iba en compañía de su amante, y luego resultaba que era el marido. Hoy en día no nos afectaría nada, pero en aquel momento decir que iba en compañía de su amante era decir prostituta". Hay que entender estos expedientes como un estigma que sancionaba de forma económica, ideológica y sociológica a la persona juzgada, con lo cual se minaba al individuo desde sus raíces. 

Con la "LRP se sacan datos de la situación tan precaria que vivían, descubres la vida económica de estas personas, a qué se enfrentaban estas personas, si viven a merced de sus padres, de su hermanos, en caso de matrimonios, si él no está desterrado, normalmente de él se reconoce el trabajo que hace, y ella si se dedica a la lavar ropa a cambio de trapos viejos, o viven en chabolas, en refugios. Estos informes te proporcionan mucha información de cómo vivían. Como uno de los expedientes, una familia que te indica que al salir de la cárcel viven en una cueva de Barcelona, una familia que previamente había vivido en una masía en Vara de Quart. Te das cuenta gracias a estos informes que ha habido una reordenación sociológica brutal".

"Hay un expediente muy interesante que trata de una madre y una hija, yo les llamo las Isabeles porque era el nombre de ambas, te llama la atención ya de entrada porque salen las dos en el consejo de guerra y luego en el expediente de Responsabilidades Políticas donde también aparece un tercer hombre y, tú no sabes quién es ese tercer hombre. En los consejos de guerra sí que hay un vocabulario bastante duro, que si la amante, que si hacia orgía, en este expediente empiezas a indagar y te dicen de ella mujer de pésimos antecedentes morales como era de esperar se juntó con un dirigente rojo, tuvo un hijo al que inculcó sus valores rojos. El marido es fusilado, el hermano está desaparecido y, de la hija llama mucho la atención porque lo que se dice de ella es buenos antecedentes católica le tocó vivir en desgracia con una familia de rojos y fue condenado por tener un padre dirigente rojo".

La aplicación de la ley de Responsabilidades políticas dio legalidad a la política represiva del régimen franquista, y se emitió con el fin de sancionar a las personas con unos ideales republicanos. La represión y violencia de los nacionales fueron una estrategia militar y política para eliminar a los enemigos y asustar a toda la población. Gracias a la implantación de este terror se eliminaban todas los posibles conatos de rebelión u oposición que el régimen pudiese encontrar, ya que la supervivencia supuso la máxima de los vencidos y de aquellos que lo habían perdido todo tras la guerra.

Así, la ley de responsabilidades políticas supuso uno de los principales instrumentos para el franquismo hasta que en 1969 surgieran las leyes de amnistía. Pero las ideas de esta ley permanecieron vigentes hasta la muerte del generalísimo Franco, en el año 1975 (con la implantación desde los sesenta de los Tribunales de Orden Público, por ejemplo, o la fuerte represión al final del franquismo).

Gracias a estos documentos, se observa claramente cómo se estableció en el nuevo organigrama social tras la guerra civil, sin embargo, y a pesar de las trabas administrativas más empeñadas en silenciar que colaborar, "el problema es que todos estos temas se quedan reducidos al ámbito académico, en historia de las mujeres se está consiguiendo bastante, se está recuperando más el papel de esas mujeres y, de hecho va a servir de escusa para recuperar el papel de los hombres, porque todo se reduce a la participación en guerillas, cárceles, pero no a la vida cotidiana. Además, hay que hacer caso un poco a la forma, cómo vivían, qué pasaba, cómo era el día a día, a qué se enfrentaban, ya que, es una forma de dignificar algo que ha pasado y que ya no solo se está silenciando se está negando".

Por A.C.

ADENDA

FECHA HISTÓRICA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020:

La ley de memoria declara "nulos de pleno derecho" los juicios sumarios del franquismo


  Sentencia, novela basada en un hecho real.

Esta novela, basada en un hecho real y en la información publicada en la web www.rafaeldevega.es, relata el complot urdido, en 1936, contra el doctor Rafael de Vega Barrera y la feroz injusticia de la que acabó siendo víctima. Nacido en Zazuar (Burgos) en 1889, Rafael de Vega -eminente cirujano, republicano, masón y hombre de firme convicción cristiana- ejerció su profesión en Lugo, donde se reveló pionero en defender y practicar el derecho universal a la sanidad pública. Impulsor y director del nuevo hospital municipal y de su propio sanatorio, fue también diputado a Cortes Generales por la circunscripción lucense. Al inicio de la Guerra Civil, los golpistas lo encarcelaron y sometieron a un juicio sumarísimo. El fiscal pidió para él la pena de muerte, y la defensa, su libre absolución. La sentencia no dejó a nadie indiferente.


50 años sin Franco



La democracia española no solo tiene el derecho sino la obligación de recordar a los jóvenes qué fue el franquismo.   


 Artículo de opinión: Diario El País. Fecha: 8 de enero de 2025.


Este miércoles el Gobierno pone en marcha el programa de actos destinado a conmemorar los 50 años de la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975 y el reestreno de las libertades en nuestro país. Acertarán los organizadores si las actividades conmemorativas ponen en valor la trascendencia de nuestra democracia y la desgraciada condición histórica previa: la desaparición de un general del Ejército que ejerció el poder dictatorial hasta el final, incluidas cinco penas de muerte firmadas dos meses antes de morir. Errarán si los actos del aniversario se utilizan para la lucha partidista o para acrecentar la polarización.

‌Desde la victoria en la Guerra Civil, en 1939, Franco mantuvo bajo sus manos la dirección del poder ejecutivo, legislativo y judicial ajeno a cualquier forma de control político o democrático de las instituciones del Estado: una dictadura unipersonal con la existencia de un único partido tolerado, el de los vencedores de la guerra: primero Falange, después renombrado como Movimiento Nacional. Esa fue toda la libertad política de la que disfrutaron los españoles durante las cuatro décadas del franquismo. Un régimen que aprendió a adaptarse a las circunstancias históricas cambiantes y apenas se vio dañado por las actividades clandestinas de los distintos grupos de la oposición política y el exilio, pese a la perseverancia en la lucha de muchos de ellos a lo largo de décadas, sin rendirse ante la persecución sufrida con el ensañamiento propio de dictaduras militares y con una prensa literalmente amordazada.

‌Recordar medio siglo después de la muerte del dictador cosas tan obvias no es una redundancia ni debería provocar división alguna entre los españoles, que son hoy, muy mayoritaria y felizmente, conscientes de su ciudadanía democrática. Recordarlo constituye un deber democrático en particular hacia aquellas generaciones que ni conocieron ni tienen por qué conocer el origen complejísimo de la democracia que hoy habitan. Los inquietantes datos de las últimas encuestas, tanto del CIS como la de 40dB., muestran una creciente tolerancia de los jóvenes a regímenes autoritarios —como lo fue la dictadura aquí— y una cierta banalización de lo que significó el franquismo.

‌Entre los jóvenes, más del 20% tiene como opción preferible a Vox, un partido político que definió en las Cortes al franquismo como una etapa de progreso y reconciliación. El régimen que impuso Franco a partir 1939 y hasta su muerte en 1975 extinguió la libertad de prensa y la libertad de expresión —prohibidas por ley—, situó a la mujer en un lugar subsidiario en la sociedad, asfixió cultural y lingüísticamente a las comunidades con una lengua distinta del español, persiguió con ferocidad cualquier alternativa a la heterosexualidad, canceló la vida civil y profesional de los derrotados que sobrevivieron a la victoria franquista en el interior y mantuvo en el exilio a decenas de miles de españoles bajo la acusación de ser antiespañoles, mientras la enseñanza estuvo monopolizada por el catolicismo más preilustrado de la Europa contemporánea.

Ante la corriente autoritaria que vuelve a recorrer el mundo occidental usando las reglas de la democracia para dinamitarla desde dentro, es una obligación propiamente democrática la explicación veraz de las condiciones de existencia bajo la dictadura franquista. La añoranza que expresan los líderes de Vox o el blanqueamiento tentativo que otras derechas operan sobre el franquismo constituye una carcoma civil que desdibuja a un régimen que puso por encima de cualquier cosa su perpetuación a través de la persecución, el encarcelamiento y el asesinato de quienes aspiraban a restituir en España unas libertades homologables con la Europa que surgió de la posguerra mundial y como las que hoy disfrutamos.

‌Las críticas iracundas a una conmemoración tan redonda en cifra, y tan desgraciadamente necesaria dado el contexto global, son puro oportunismo partidista. Recordar el franquismo les viene mal ahora a los aspirantes a La Moncloa y a sus sherpas mediáticos porque los resultados electorales y todas las encuestas anticipan que el PP necesitará de Vox para gobernar, y Vox no condena el franquismo.

‌Que 50 años después de la muerte del dictador sea imposible una conmemoración conjunta de todos los demócratas españoles denota una miopía profunda sobre la gravedad de la amenaza regresiva que los autoritarismos constituyen en las sociedades de hoy. La derecha, presa de su ansiedad, parece empeñada en no acertar nunca en los momentos históricos decisivos. Precisamente hoy, cuando algunos se atreven a reivindicar aquel régimen despótico, es más necesario que nunca recordar con claridad y precisión qué pagó en su conjunto la sociedad española por el desarrollo económico de los años sesenta y las lacerantes desigualdades que hicieron de ella un sistema profundamente injusto: eso es lo que la democracia tuvo que empezar a revertir hace medio siglo, tras la muerte de Franco, con tanto éxito que hoy podemos permitirnos mirar hacia atrás sin ira para seguir encarando el futuro. Esa obra pertenece a todos, es un fracaso que no podamos celebrarlo juntos.


                                                  Artículo de opinión: Diario El País. Fecha: 8 de enero de 2025.