- Ejecución de una sentencia -

La prensa local lucense de aquel 22 de octubre de 1936, como si se quisiera minimizar el cruel holocausto de la víspera, publicaba, a una sola columna y al final de la página, el siguiente comunicado:

"EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA. Ayer, a las seis de la tarde fueron pasados por las armas el ex−gobernador civil de esta provincia, Don Ramón García Núñez, el ex−director del hospital de Santa María, Don Rafael de Vega Barrera, el practicante del mismo, Don Perfecto Abelairas, Don José Ramos López y Don Ángel Pérez López, en virtud de la sentencia contra ellos dictada por el Consejo de Guerra celebrado la semana pasada. La ejecución se llevó a cabo en las inmediaciones del cementerio. Todos se confesaron y recibieron fervorosamente la comunión a excepción del último".                     El Progreso de Lugo, 22 de octubre de 1936.

En esta misma concisión, con esta brevedad y sin añadir otros comentarios sobre aquel drama histórico, se aprecia en el trasfondo un profundo sentimiento de culpabilidad y un cierto remordimiento en la conciencia colectiva ante aquella injusticia e indignidad. El aparente ropaje de legalidad castrense, amparado en el Código de Justicia Militar, no otorgaba verdadera legitimidad a aquellos consejos de guerra por supuestos delitos de “rebelión militar” y “traición” contra personas que jamás se habían alzado contra el poder constituido hasta entonces y que, paradójicamente, contra toda lógica y sentido jurídico, eran precisamente las únicas a las que aquellos jueces no podían calificar con rigor de “traidores”.

La causa 330/1936, juicio sumarísimo militar por traición, constituyó un crimen encubierto y una grave vulneración de los derechos fundamentales, dado que ni siquiera se respetaron las Ordenanzas del Código de Justicia Militar vigentes en tiempos de guerra ni las garantías procesales más elementales.

El juez instructor, capitán de Caballería Mariano Pérez Hickman, no disponía del rango requerido para dirigir la causa militar, dado que entre los encausados figuraba el gobernador civil de Lugo, don Ramón García Núñez. Solo una vez concluida la fase de instrucción del proceso se designó para asumir la causa al comandante retirado Landrove.

El 18 de octubre de 1936 la sentencia fue aprobada con carácter firme por el general Luis Lombarte Serrano, máxima autoridad militar en la zona, quien dispuso: "Comuníquese por telégrafo al Excmo. Sr. Secretario de Guerra del Estado y suspéndase, entre tanto, la ejecución de la pena de muerte". 

El 20 de octubre de 1936, el citado general se desplazó a Lugo con el propósito de pasar revista a las unidades del Ejército acantonadas en la plaza y supervisar personalmente la situación militar y judicial en la ciudad. 

Una comisión de "señoras de la buena sociedad de Lugo" fue recibida por el general Lombarte Serrano, a quien solicitaron la ejecución inmediata de los cinco condenados a la pena capital durante la represión franquista en Lugo en 1936. La petición se formuló ante el temor de que resultara efectivo el viaje realizado a Burgos por la esposa del doctor Rafael de Vega (Mª Teresa Fernández-Crespo y Riego) el día 17 de octubre de 1936, acompañada por el capitán Martínez Pedrosa, con el propósito de solicitar la concesión del indulto de la pena capital para los condenados.

En un oficio fechado el 20 de octubre de 1936, y faltando a la verdad histórica, el general Luis Lombarte Serrano afirma: "Acusado recibo por el Excmo. Señor Secretario de Guerra del Estado, pase lo actuado a su Instructor para ejecución en el lugar, hora y por las fuerzas que designe al Gobernador Militar de la Plaza. El tiempo de estancia en capilla se reduce a tres horas, debiendo darme cuenta inmediata del cumplimiento de la sentencia". Este documento se ha convertido en una pieza clave para el estudio de la represión franquista en Galicia y de la causa militar instruida contra el doctor Rafael de Vega, aportando información esencial sobre los procedimientos de la justicia militar en 1936.

En la actualidad no constan antecedentes penales del doctor Rafael de Vega Barrera en los Archivos Generales Militares de Ávila y Guadalajara, ni en el Archivo General de la Administración del Ministerio de Cultura, lo que refuerza la investigación histórica sobre su figura, la memoria histórica y el contexto represivo de 1936 en la Guerra Civil española.

En el Archivo Histórico Provincial de Lugo se conserva valiosa documentación relativa a la reclusión del doctor Rafael de Vega Barrera en la Cárcel de Lugo (actual Centro Cultural y Social de Lugo "O Vello Cárcere"). Estos fondos abarcan desde su ingreso el 24 de julio de 1936 hasta su salida el 21 de octubre de 1936, fecha en la que fue ejecutado a las seis de la tarde en las tapias del cementerio de Lugo, en el contexto de la represión franquista durante la Guerra Civil española.

El sumario 360/36 se custodia actualmente en el Archivo Histórico Militar Intermedio del Noroeste con sede en Ferrol.

Ha transcurrido ya el tiempo suficiente para analizar aquellos acontecimientos históricos con la necesaria objetividad, sin la interferencia de animadversiones personales ni resentimientos colectivos. Al mismo tiempo, se ha superado el peso de las circunstancias ideológicas que, durante muchos años, justificaron y aplaudieron aquellos “episodios nacionales”, presentados como consecuencia inevitable del sino histórico que, desde comienzos del siglo pasado —y posiblemente antes—, ha gravitado sobre la sociedad española.

En esta constante histórica de conflictos internos en España han desempeñado un papel determinante la intransigencia, el fanatismo y la demagogia, sin olvidar, como en el caso del doctor Rafael de Vega, la envidia personal e incluso colectiva, que marcaron profundamente la vida política y social del país.

Con frecuencia se ha sostenido, en relación con la guerra de España y con la memoria histórica, que “aquello” debe considerarse “agua pasada” o que no conviene reabrir heridas mal cicatrizadas mediante un ejercicio estéril de masoquismo, por el riesgo de reavivar antiguos odios. Sin embargo, para muchas personas represaliadas y para las familias de las víctimas, esta postura dista de ser objetiva y razonable, pues impide una comprensión completa de lo sucedido.

Si bien el perdón ha de ser amplio, generoso y sin reservas, la experiencia histórica debe resultar útil y aleccionadora: olvidarla equivale a preparar el terreno para nuevas aventuras “redentoras” y sangrientas. Además, el olvido supondría una grave injusticia hacia numerosas personas, muchas de ellas de gran dignidad y mérito, como el doctor Rafael de Vega Barrera, sacrificadas para implantar un “orden del terror” o para satisfacer resentimientos y envidias de algunos médicos de Lugo. (Casto González Méndez, José Lomas Díaz y Marcelino Fuentes Cela), interesados en apartar al cirujano más reconocido y brillante de la provincia en aquella época. Los dos primeros médicos ejercían en Lugo en consultas privadas: 

Porque, en realidad, resulta evidente que el doctor Vega Barrera no fue ejecutado por un delito de “traición”, como figura en su sentencia de muerte, ya que en ningún momento incurrió en tal conducta ni participó en actos que pudieran justificar tal acusación. Su destacada trayectoria como cirujano, su reconocida excelencia profesional y su profundo compromiso humanista y altruista con los sectores más vulnerables de la sociedad habían suscitado la resentida envidia y la hostilidad de quienes carecían de sus capacidades, de su ética y de su vocación de servicio.

La sentencia dictada contra el doctor Rafael de Vega Barrera consideró acreditado que el procesado había permitido la entrada de grupos armados en el Hospital de Santa María de Lugo el día 20 de julio de 1936 y que había dirigido el movimiento de oposición a la sublevación militar al colaborar con el Gobernador Civil en la toma de decisiones. Conviene señalar que, pese a ser miembro de la Logia Masónica número cinco de Lugo, conocida como Lucus Augusti, este hecho no fue objeto de acusación en el Consejo de Guerra. El examen detallado de la causa militar instruida contra el doctor Vega Barrera y otros ciudadanos destacados de Lugo (Ramón García Núñez, Perfecto Abelairas Castro, José Ramos López y Ángel Pérez López) pone de manifiesto que su destino estaba decidido de antemano, pues desde el primer momento se daba por segura la ejecución del doctor Vega Barrera, que finalmente tuvo lugar el 21 de octubre de 1936, a pesar de la abrumadora cantidad de evidencias y testimonios que contradecían las acusaciones formuladas y cuestionaban la legitimidad del proceso.

En consecuencia, la figura del doctor Vega Barrera puede definirse como la de un miembro de la alta burguesía de Lugo (oriundo de Burgos), respetuoso con la legalidad y el orden. Se trataba de un profesional de reconocido prestigio, respetado, apreciado y también objeto de recelos, con una sólida red de relaciones en la sociedad lucense, como demuestra el hecho de que varios testigos que declararon voluntariamente a su favor —miembros de su círculo de amistades— fueran destacados representantes de los sectores más afines al nuevo régimen. Desde el punto de vista ideológico, el doctor Vega Barrera se situaba alejado de cualquier forma de radicalismo y, en particular, de las posiciones de extrema izquierda, encarnando el perfil de un médico liberal moderado, defensor de la legalidad republicana y contrario a la violencia política.

Hemeroteca. Archivo Provincial de Lugo. Expediente procesal del doctor Rafael de Vega Barrera:

ADENDA

Galicia, radiografía de un exterminio

En Galicia no se desarrolló una Guerra Civil entre 1936 y 1939, pero sí tuvo lugar un exterminio sistemático de la población leal a la República durante la dictadura franquista. En tan sólo tres años fueron asesinados 4.699 ciudadanos gallegos, víctimas de la represión franquista en una región donde el frente de guerra apenas se mantuvo activo unos días. Siete de cada diez (3.233) fueron ejecutados en los denominados paseos franquistas, una práctica de violencia política planificada para eliminar a la disidencia. El resto, 1.466 personas, fueron asesinadas mediante la ejecución de una sentencia de muerte, según los datos del proyecto Nomes e Voces, dedicado a la investigación histórica de la memoria de la Guerra Civil y la posguerra en Galicia. Se trató de un exterminio de gran alcance en una zona donde el conflicto armado no se prolongó más que unos días, pero donde la represión política y social se extendió durante años.

“Lo ocurrido en Galicia demuestra que el golpe tenía una clara intención exterminadora, pues no respondía a ninguna necesidad militar. (...) En Galicia no hubo matanzas de sacerdotes ni de grandes propietarios. Lo que sí se produjo fue un elevado número de muertes controladas, instigadas o toleradas por las autoridades militares”, explica Federico Cocho, autor de Guerra civil. Que pasou en Galicia e en España (Xerais), en una entrevista concedida a El Mundo. Esta interpretación subraya el carácter represivo del golpe de Estado de 1936 en Galicia y ayuda a comprender la dimensión de la violencia franquista en el noroeste de España.

Con Galicia bajo el control del bando franquista desde los primeros momentos del golpe militar, “los perpetradores y sus seguidores a nivel local comienzan a demostrar que este proceso lleva aparejada una violencia inusitada”, según recoge el informe de Nomes e Voces. En los primeros meses de la Guerra Civil española fueron asesinados en Galicia los cuatro gobernadores civiles, los alcaldes de cinco de las siete ciudades gallegas y los de las 26 poblaciones más importantes del territorio. Fueron ejecutadas también las principales autoridades militares gallegas que se opusieron al golpe de Estado, así como los civiles más activos en la defensa de la legalidad republicana y personas con especial relevancia social en determinadas comunidades, como maestros, médicos, farmacéuticos y abogados. En total, se contabilizan 4.699 ciudadanos asesinados en Galicia durante este periodo de represión franquista.

El asesinato selectivo o indiscriminado no fue la única forma de represión ejercida por las nuevas autoridades militares. Con el objetivo de desarticular y someter a una sociedad civil plural, organizada y políticamente activa, 1.597 ciudadanos fueron condenados a cadena perpetua y 1.981 recibieron diversas penas de prisión inferiores. En total, 28.234 personas gallegas padecieron algún tipo de persecución judicial y represión política en este contexto histórico. 

La investigación del proyecto Nomes e Voces concluye que resulta imposible cuantificar o estimar con precisión otras formas de coerción o violencia represiva: desde los encarcelamientos y torturas hasta las rapas y purgas de mujeres, que se llevaron a cabo con una escenificación similar en todo el territorio gallego y que, a diferencia de otras tipologías represivas, estaban concebidas para su exhibición pública y para generar terror social.

De este modo, en la Galicia de la Guerra Civil pueden ser perseguidos y eliminados tanto un dirigente comunista local como un simple simpatizante de un sindicato que busca mejorar sus condiciones económicas, así como la denominada “burguesía progresista” que, a través del socialismo, el republicanismo o el galleguismo, aspira a “consolidar el liberalismo democrático”. La investigación de Nomes e Voces concluye que “no se trata, por tanto, de un ataque a una posible revolución de tipo soviético —sin ninguna base documental—, sino de la eliminación de un sistema en el que la participación ciudadana adquiere un papel protagonista en un escenario orientado hacia la modernidad y el progreso”.

(Extracto del artículo publicado en el diario Público por Alejandro Torrús el 15 de marzo de 2014)

En noviembre de 1932, durante una sesión plenaria del Cabildo Municipal de Lugo, se dio lectura a una comunicación del Centro Obrero en la que se solicitaba la destitución del doctor Rafael de Vega como Director del Hospital de Santa María de Lugo, alegando una presunta incompatibilidad en el ejercicio del cargo. La sólida trayectoria profesional del doctor Vega Barrera, su prestigio como médico y su marcado compromiso altruista con las personas más desfavorecidas generaron en aquel momento recelos, tensiones y actitudes de rivalidad por parte de quienes, tiempo después, acabarían con su vida. Conviene señalar que, desde su nombramiento como Director del Hospital de Santa María de Lugo, ya existían algunos médicos que mantenían una oposición constante a su labor de gestión y a las reformas que impulsaba en el centro sanitario.

SEPULTURA DEL DOCTOR  RAFAEL DE VEGA BARRERA EN LUGO

Entre los años 1947 y 1948 se llevó a cabo el traslado del cementerio de Lugo desde la Avenida Ramón Ferreiro hasta su actual emplazamiento en San Froilán, situado en las afueras de la ciudad. Durante este proceso de exhumación de los restos mortales, estuvieron presentes la esposa del doctor Rafael de Vega y su hija, M.ª Teresa de Vega Fernández-Crespo. Resulta especialmente significativo, y de gran valor histórico y testimonial, que los botines de media caña que calzaba el doctor Rafael de Vega en el momento de su fusilamiento se encontraran prácticamente intactos en el momento de la exhumación. El personal del cementerio recordaba vivamente a aquel médico fusilado y a sus hijas mellizas pequeñas ("Teté y Yuyú", que tenían cinco años) y entregó en una pequeña urna los restos mortales que aún se conservaban. Estos restos reposan actualmente en el cementerio de León, en una sepultura perteneciente a la familia del hermano de su esposa, Julio Fernández-Crespo y Riego, "eran pocos restos, de color blanco y alargados, relataba su hija M.ª Teresa de Vega Fernández-Crespo".

SEPULTURA DEL DOCTOR RAFAEL DE VEGA BARRERA EN LEÓN

CEMENTERIO MUNICIPAL DE LEÓN (Avenida de San Froilán s/n)

SEPULTURA DE JULIO FERNÁNDEZ-CRESPO Y RIEGO Y EMILIA GUILLAUME PÉREZ

Don Julio Fernández-Crespo y Riego (segundo hermano de la esposa del doctor Rafael de Vega Barrera) nació en la villa asturiana de Tineo (Asturias) el 6 de septiembre de 1893 y falleció en León el 26 de agosto de 1983. En 1962 desempeñó el cargo de Delegado de Hacienda en León, consolidando una reconocida trayectoria profesional en la administración pública. Contrajo matrimonio en León el 2 de diciembre de 1937 con doña Emilia Guillaume Pérez (profesora del Instituto Padre Isla de León) y natural de Oviedo, hija de don Bartolomé y de doña Emilia. Doña Emilia, figura destacada en el ámbito educativo leonés, falleció en León el 23 de marzo de 1999 y en el momento de su muerte residía en la calle Ramón y Cajal nº 5, 3º D, de dicha ciudad.

- ADENDA -

ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA ESPOSA DEL DOCTOR RAFAEL DE VEGA BARRERA

(Mª Teresa de Vega Fernández-Crespo y Riego)

PADRES

SANTOS FERNÁNDEZ - CRESPO / EVA DEL RIEGO REGUERAL

De izquierda a derecha: Santos, Eva (padres) y Julio. Niños de izquierda a derecha: Marcelino y Nicolás.

Santos Fernández-Crespo y sus cuatro hijas: de izquierda a derecha: Carmen, Corona, Pilar y Mª Teresa Fernández-Crespo y Riego (esposa del Dr. Rafael de Vega Barrera). 

HIJOS

1. Santos Félix Fernández-Crespo y Riego. (29-07-1892 / 23-04-1899).

2. Julio Fernández-Crespo y Riego. (06-09-1893 / 26-08-1983).

3. Marcelino Fernández-Crespo y Riego. (06-10-1894 / 23-11-1899). 

4. Mª Teresa Fernández-Crespo y Riego. (15-10-1895 / 21-06-1983). 

5. Nicolás Fernández-Crespo y Riego. (20-02-1897 /sin datos del fallecimiento). 

6. Mª del Carmen Fernández-Crespo y Riego. (07-03-1898 /sin datos del fallecimiento).  

7. Mª del Pilar Fernández-Crespo y Riego. (10-04-1900 /sin datos del fallecimiento).

8. Mª Corona Fernández-Crespo y Riego. (22-08-1902 / 08-07-1998).  

Esta familia desde los años 20 (siglo XX), ya no residían en Tineo (Asturias), todas sus propiedades fueron vendidas.

4.  Mª Teresa Fernández-Crespo y Riego / Rafael de Vega Barrera 

(15-10-1895 / 23-06-1983 )  -  (23-04-1889 / 21-10-1936 ) 

- HIJOS -